Uno de los factores que más agrava el problema de la vivienda en España no es solo la falta de oferta o el incremento de precios, sino el exceso de burocracia y la lentitud de los trámites administrativos.
Cualquiera que haya tenido que solicitar una licencia, regularizar una situación urbanística o resolver un expediente ante la Administración conoce bien el problema: plazos interminables, falta de respuesta y, en muchos casos, silencio administrativo, dejando al ciudadano en una situación de inseguridad jurídica nada deseable.
Un paso en la buena dirección: la Ley de Vivienda de Andalucía
En Andalucía, el legislador ha intentado abordar parte de este problema con la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, introduciendo algunas medidas orientadas a simplificar trámites y reducir cargas administrativas.
En materia de alquiler, destaca especialmente una medida concreta:
👉 la eliminación de la obligación de depositar la fianza del arrendamiento en la Administración.
A partir de ahora, la Administración deja de ser depositaria de las fianzas, pasando esta función directamente al arrendador.
¿Qué implica esta medida?
Aunque pueda parecer un cambio menor, sus efectos prácticos son muy relevantes:
- Ahorro de tiempo para el arrendador.
- Reducción de cargas administrativas innecesarias.
- Liberación de recursos y personal funcionario para otras tareas.
- Eliminación de conflictos habituales derivados del retraso en la devolución de fianzas por parte de la Administración.
Medidas como esta demuestran que simplificar procedimientos también es una forma eficaz de mejorar el acceso a la vivienda y de reducir tensiones innecesarias en el mercado del alquiler.
Desde mi punto de vista, hacen falta muchas más reformas de este tipo, centradas en eliminar burocracia, agilizar trámites y aportar seguridad jurídica real a propietarios y ciudadanos.
👉 Si eres propietario o profesional del sector inmobiliario y quieres adaptarte correctamente a los cambios normativos, evitar errores y ganar seguridad jurídica en tus contratos y trámites, consúltame antes de actuar.
Una buena planificación jurídica ahorra tiempo, dinero y problemas futuros.
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