El panorama legal en España acaba de dar un giro radical. En la votación celebrada el pasado 27 de enero de 2026, el Congreso de los Diputados ha decidido no convalidar el Real Decreto-ley 16/2025.
¿Qué implica esto en la práctica? Que todas las medidas de urgencia que entraron en vigor el pasado diciembre quedan derogadas de forma inmediata. Estamos ante un escenario de gran calado que afecta directamente a propietarios, inquilinos y contribuyentes.
Como profesional con más de 25 años en el sector, analizo los dos puntos críticos que debes conocer:
1. Fin a la moratoria de desahucios: Miles de procesos se reactivan
Desde el año 2020, bajo el paraguas del llamado «escudo social», se venía prorrogando de forma sistemática la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad.
Con la caída del RD-ley 16/2025, esta moratoria desaparece.
- Consecuencia inmediata: Se reactivan de forma automática miles de procedimientos judiciales que permanecían «congelados» en los juzgados de toda España.
- Impacto para el propietario: Los arrendadores que llevaban años esperando para recuperar su vivienda ven, por fin, una vía legal para la ejecución de sus lanzamientos.
2. Plusvalía Municipal: Los coeficientes vuelven atrás
Otro frente de batalla es el impositivo. El decreto derogado intentaba actualizar los importes máximos de los coeficientes aplicables al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
No es la primera vez que esto sucede; ya ocurrió con el RD-ley 9/2024. Al no ser convalidado, la actualización de estos coeficientes queda sin efecto. Esto genera una situación de incertidumbre para quienes hayan liquidado o vayan a liquidar el impuesto en estas fechas, ya que la base de cálculo vuelve a la normativa anterior.
⚖️ Mi análisis: Hacia una necesaria seguridad jurídica
La caída de este decreto refleja la inestabilidad legislativa que sufre el sector. Aunque la reactivación de los desahucios puede parecer una solución para muchos propietarios que sufrían una espera interminable, la forma en que se produce (por una falta de acuerdo político) genera un colapso administrativo previsible en los juzgados.
En momentos de caos normativo, el asesoramiento preventivo no es una opción, es una necesidad.
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